Para la Corte suprema de Justicia, que adelanta un proceso por presunta corrupción electoral y compra de votos en la campaña presidencial de Iván Duque del 2018, todas las pruebas que considera posibles ya están recaudadas y obran en el expediente.

Por tal razón los magistrados negaron una petición de la Procuraduría para que la excongresista Aida Merlano entregara pruebas sobre dichas denuncias.

“Lo que viene es que se programen las fechas para darle continuidad al juzgamiento por presunta violación de topes electorales, la cual se limitará a la presentación de los alegatos finales, dado que las pruebas ya fueron practicadas”, dijo la Sala de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, al negar la petición del Ministerio Público.

Las declaraciones de Merlano se dieron en abril pasado, en medio del proceso en su contra por presunta violación de topes electorales aseguró ante la Corte.

Sostuvo que parte de los dineros de recursos públicos habrían sido destinados a la campaña Duque presidente en el 2018 por el empresario Julio Gerlein.

También dijo que en la Costa Caribe existía una especie de carrusel con empresas como Serfinanza y Valorcon y con cheques al parecer ordenados por Gerlein.

La excongresista aseguró que los dineros para financiar campañas políticas “salieron de los contratos y lo que no salió de esos contratos, salió del banco de Serfinanza” porque según ella, “era un juego para él (Julio Gerlein) demostrar que sí aportó mucho en la campaña presidencial y seguir recibiendo beneficios contractuales”.

En esa diligencia la Procuraduría le solicitó a la Corte que abriera un espacio para recibir esas pruebas, pero la Corte se negó bajo el argumento de que esa etapa procesal ya pasó y que las pruebas ya están en el expediente.

Merlano ya se ha defendido en ese proceso diciendo que solo utilizó $600 millones para sus campañas políticas y que en su sede de campaña en Barranquilla se manejaban otras dos campañas.

“Los gastos de campaña no excedieron los $600 millones. Pero si vamos a meter la compra de votos tendría que preguntar a las personas que compraron votos y estaríamos legitimando la compra de votos como un acto normal en una campaña”, dijo ante la Corte.

Es la segunda investigación que enfrenta Aida Merlano por delitos electorales. En su contra ya pesa una condena de 11 años y 4 meses de prisión por corrupción y compra de votos para llegar al Senado en el 2018.